MI POSICIÓN CON RESPECTO A LA PROPUESTA ENMIENDA CONSTITUCIONAL AL DERECHO A LA FIANZAoptional)

        Comienzo por revelar que, aunque puertorriqueño que participó activamente en política mientras vivía en la Isla, ya no vivo allá. Así que, si quieren, pueden ignorar mis comentarios sobre un asunto que, en primera instancia, no me afecta directamente. Ahora, esto es un asunto que afecta a cualquier persona que pueda en algún momento, regresar a vivir en Puerto Rico y por tanto estar sujeto a sus leyes. Segundo, no soy abogado, así que mi opinión es “secular” y viene desde la perspectiva de un ciudadano común.
          El derecho a la fianza es parte de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En su Artículo II, sección 11, párrafo 5 de la Constitución se lee: “Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.” Éste párrafo es parte de los derechos constitucionales de las personas (y fíjense aquí que son derechos tanto de mujeres como de hombres, a pesar de que se utiliza solo el masculino). El primer párrafo de esta sección lee: “En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará […] de la presunción de inocencia.” Esta última parte es la que se conoce como “se es inocente hasta probarse lo contrario.”
         Es importante señalar que la propuesta de enmienda a la Constitución del Estado Libre Asociado no cambia en ninguna forma los primeros cuatro párrafos del Artículo II, sección 11 de la misma. Por lo tanto, toda persona sigue siendo “inocente hasta que se pruebe lo contrario,” así como a tener derecho a representación legal, a un juicio rápido y justo y a otros derechos judiciales. Más que esto, la propuesta enmienda ¡NO QUITA EL DERECHO A LA FIANZA!
         En un país tan politizado como lo es Puerto Rico, se ha utilizado la política partidista en contra de la Legislatura penepé y su monigot… digo, presidente y gobernador, para confundir al pueblo con respecto a esta enmienda. En realidad, la enmienda al derecho a la fianza establece PARÁMETROS para la misma. Otra vez, para que no haya confusión: la fianza se queda, solo que se ponen restricciones a COMO y a QUE TIPOS de delitos se les ofrecerá. Mire que no se dice que “a los culpables de delito…” sino que dice “a los acusados de…” La presunción de inocencia queda consticionalizada. Pero no solo eso, sino que la propuesta enmienda va más allá y dice que es “a fin de otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinatos cometidos con premeditación, deliberación o acecho; los acusados de asesinatos cometidos en medio de un robo en el hogar, en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados de asesinatos cometidos al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber; asignar fondos para la celebración del referéndum; y para otros fines relacionados.”
         ¿Qué quiere decir toda esta jeringonza en arroz y habichuelas? Pues que el juez o la jueza tendrán discreción en otorgar la fianza de acuerda al tipo de delito (grave o no grave) y al historial delictivo de la persona acusada. Esto no borra el derecho de toda persona de tener un juicio justo y rápido, de considerarse inocente hasta tanto se pruebe lo contrario, de ser juzgado y juzgada por sus pares, etcétera. Lo que hace la enmienda es poner parámetros claros sobre qué delitos merecen tener acceso a la libertad bajo fianza.
         Pero, ¿no es esto equivalente a juzgar a una persona antes de someterla a juicio? A mi parecer, no. Tanto las constituciones como los códigos legales (civiles y penales) son para el bien de la sociedad. O sea, que por aquello que el filósofo político británico Thomas Hobbes (y antes que él, planteó Aristóteles y luego John Locke y Jean-Jacques Rousseau) llamó “el contrato social”, las personas tenemos el deber cívico y moral de mantener ciertos estándares de relaciones que permitan el mejor convivir colectivo. En este sentido hay ocasiones en que nuestros actos de violencia deberían ser penados. Este es un contrato en el cual hemos entrado por razón de vivir bajo las leyes de la nación y el Estado en el que tengamos residencia. Por supuesto que hay ocasiones en que las naciones y los Estados toman control absoluto y control parcial de nuestras vidas privadas y hay ciertos derechos por los cuales se tiene que luchar. Pero este no es, desde mi perspectiva, el caso con el derecho a la fianza.
         En práctica, la fianza ha sido una forma de las personas con poder – económico o de narcotráfico y armas – de mantener sus estilos de vida sin importar cuánto mal hayan hecho a la sociedad. Pocas veces las personas pobres tienen acceso al dinero para quedar en libertad y más veces, el sistema judicial otorga cargas económicas más altas a acusados y acusadas pobres que a quienes tienen dinero, poder político o acceso a armas y drogas.
         Otra pregunta que me han hecho es, “Pero eso es porque no has tenido que pagar fianza. ¿Qué tal si te pasa a ti?” Pues cierto, yo no he cometido un delito ni he sido sometido a juicio. Tampoco tengo en mi lista el cometer ningún delito por el momento, aunque si he roto varias leyes que son injustas aunque el romperlas no me ha llevado a juicio (esto es la llamada “desobediencia civil”). Si en algún momento cometiera un delito o fuera acusado de algún delito PARA LOS CUALES LA FIANZA NO SEA UNA OPCION, lo que esperaría es que se me someta a un juicio rápido, que sea justo, que tengan evidencia y que sea juzgado por mis pares. Claro, es más fácil hablar del diablo que verlo venir, pero ahí es donde me encuentro en este momento.
        Esto es, definitivamente, un tema muy complejo y que debe considerarse muy bien antes de tomar acción. Si en algo no estoy muy contento con el proceso es, primero, que como todo en la Isla, se ha politizado, y segundo, que el gobierno no ofreció suficiente tiempo al electorado de analizar las opciones que tienen en el referéndum. Pero al final del día, yo no veo ningún derecho constitucional siendo quitado; lo que está claro es que se limita el acceso a la fianza, el derecho a juicio justo, a la presunción de inocencia, a ser juzgado por mis pares, etcétera, no se quita, ni se debe quitar. Recuerden que este no es el único derecho al cual se les ponen parámetros. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a votar… siempre que cumpla con los requisitos para ello. Toda persona tiene derecho a tomar un puesto electivo… siempre que cumpla con los requisitos para ello. Toda persona tiene derecho a la libertad de culto… siempre que no haga daño a otras personas. Y la lista sigue. El único derecho que no tiene ningún requisito es a ser feliz. Creo yo que el limitar la fianza a quienes han roto el contrato social, aunque ciertamente no resolverá el problema craso de criminalidad en la Isla, si tiene como efecto el ayudar a la ciudadanía a ser más segura y por lo tanto, quizás hasta un poco más feliz. 

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